Ludy ingresó la última noche del 2020 al Penal de Villa Busch en Cobija a visitar a su esposo Ivis NN. A las 07:00 horas del primer día del nuevo año la encontraron muerta. Ese mismo día, Eulalia y Selena fueron asesinadas por sus parejas; la primera en Quillacollo; la segunda en Montero. Unos días después, hallaron a María sin vida en Ivirgarzama – Cochabamba; días después Lilian y Silvia fueron asesinadas con arma de fuego, a Lilian la mato su expareja en San Julián y a Silvia su esposo un militar en retiro en Trinidad, Beni y todavía en el primer mes del año a Karen en Oruro.
¿Cómo frenar esta masacre de mujeres y otros tipos de violencia?, es la pregunta que hacemos a la sociedad civil, autoridades y medios de comunicación.
Como una acción para la incidencia, el Observatorio para la exigibilidad de los derechos de las mujeres propone trabajar seis ejes estratégicos:
- Modificación y aplicación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia
- Búsqueda de un Sistema de Justicia sensible al género e intercultural:
- Servicios de calidad con garantías y condiciones seguras
- Diálogo democrático multiactor sobre despatriarcalización, derechos de las mujeres y no a la violencia hacia mujeres y niñas
- Igualdad formal vs Igualdad sustantiva en la aplicación de las leyes
- Políticas públicas integrales de no a la violencia
Respecto al Primer Eje:
Emplear a personal competente y sensible en toda la cadena de prevención, atención y reparación de víctimas de violencia.
Exige garantizar el funcionamiento del Sistema Integral Plurinacional de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia en razón de género (SIPPASE) con la asignación de recursos humanos y financieros suficientes.
Segundo eje
Plantea un nuevo sistema de justicia penal para que los jueces y las juezas analicen los casos de violencia a partir de los estándares internacionales de derechos humanos.
En esa perspectiva, exige “insertar la perspectiva de género en las etapas procesales” para determinar, en el momento del crimen, la desigualdad de poder entre el agresor y su víctima. Esta forma de análisis de los hechos permitirá que la calificación penal sea la más adecuada a las condiciones en las cuales sucedió el caso violento.
Tercer eje
Se Propone la creación de centros de servicios de atención especializados para garantizar calidad y calidez hacia las mujeres en situación de violencia (Ley 348)
Solicita, además, inamovilidad de funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, como también desde los SLIMS, e implementación de estrategias de los gobiernos municipales para atender y captar denuncias de violencia física, psicológica y sexual en farmacias u otros centros de abastecimiento de alimentos.
Adicionalmente se exige la coordinación desde los SLIMS con las lideresas comunitarias en los casos de violencias contra las mujeres y los feminicidios
Cuarto eje
Promover el diálogo y la comunicación no violenta en los ámbitos privados y públicos.
Eliminar los patrones socioculturales discriminatorios y machistas que influyen en las actuaciones de los/as funcionarios/as en todos los niveles de la rama judicial, lo que se traduce en un número aún ínfimo de juicios orales y sentencias condenatorias que no corresponden al número elevado de denuncias y a la prevalencia del problema”, agrega.
Quinto eje
Propone que se destinen recursos económicos, presupuestos sesnsibles a gènero PSG garantizando la aplicación de la Ley 348 y sus mecanismos.
Como urgente sugiere “trabajar en la sensibilización y el desarrollo de capacidades en todos las y los funcionarios públicos, especialmente los operadores de justicia, para mejorar los registros de feminicidio y dar respuestas acordes al enfoque de derechos humanos y a una cultura de igualdad”.
El documento indica que la estrategia de sensibilización debe ser realizada a través de medios de comunicación y redes sociales.
Sexto eje
Se plantea que las Políticas Públicas sean reales y efectivas que incluyan presupuestos y rendiciones de cuentas, además de promover alertas zonificadas o georreferenciadas, con tecnología de punta, para monitorear y expandir la vigilancia en los lugares donde hayan ocurrido los casos.
“Mapeo de los servicios disponibles para la atención de casos de violencia hacia las mujeres (…), y verificación del funcionamiento de refugios temporales para mujeres víctimas de violencia”.
La Agenda Mínima es una herramienta para que las organizaciones sociales, activistas y sociedad civil en general, pueda incidir en la exigibilidad a las autoridades nacionales, departamentales y municipales ejecutar los seis ejes señalados para evitar más mujeres asesinadas como Ludy, Eulalia, Zelena, Leonor, Maria, Silvia, Lilian y Karen; y para prevenir otros tipos de violencia contra las mujeres y las niñas en Bolivia.
Además, se propone y exige en los ámbitos temáticos sobre las violencias contra las mujeres y las niñas (VCMN) y el acceso a la justicia, uno de los principales problemas es el referido a su alta prevalencia en mujeres y niñas y el acceso a la misma para mujeres en situación de violencia y discriminación; y la impunidad que genera la falta de respuesta de la justicia contribuye a la perpetuación de la violencia y es un obstáculo para el desarrollo de la sociedad, indicadores para las acciones de seguimiento y monitoreo por parte de los/as legisladoras/es para ambos temas por tipo de objetivos o ejes, tales como: número de mujeres y niñas (15-49) que han experimentado violencia física o sexual (por su pareja) en los últimos 12 meses o el número de casos referidos a violencia de género contra las mujeres y las niñas son investigados y sancionados, número de personas que se benefician directamente de programas sobre la justicia, el principio de legalidad y la reforma del sector de seguridad, entre otros.
Este valioso documento es producto de años de apoyo y seguimiento a casos que ha realizado el Observatorio, junto a testimonios de vida de niñas y mujeres víctimas de violencia, de familiares de víctimas de feminicidios, mujeres diversas y diferentes de distintas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones y movimientos sociales, mujeres y hombres activistas defensores de derechos, que conocen y día a día denuncian la violación del derecho a la justicia en Bolivia, a no acceder a la gratuidad en los procesos, estar expuestas a impunidad y no encontrar justicia en cada caso y hecho de violencia.