UNITAS y el CEJIS presentaron ante la CIDH un informe sobre los incendios en la Chiquitanía, debido, entre otros puntos, a los pueblos indígenas afectados por el desastre.
La directora de CIPCA Santa Cruz manifestó que “en estos momentos se tiene el compromiso de seguir ayudando a las familias que están pasando por la situación de emergencia".
El caso del Decreto Supremo 3973 es más controvertido porque fue promulgado en el mes de julio y ya recibió el rechazo de 21 organizaciones de la sociedad civil.
El pronunciamiento deplora el Decreto Supremo 3973 que autoriza el desmonte mediante la quema controlada en tierras privadas y comunitarias de Santa Cruz y Beni.