El año 2018 inicia con movilizaciones a nivel nacional exigiendo la abrogación del Nuevo Código del Sistema Penal y consecuente instauración de un proceso de diálogo político plural inclusivo e incluyente, para que las violaciones a los Derechos Humanos y los delitos se investiguen y sancionen con imparcialidad, ficiencia, independencia, probidad, equidad y celeridad, y se asegure por todos los medios, el acceso efectivo a la justicia. UNITAS, por su compromiso y convicción con las causas de Derechos Humanos, se pronunció públicamente exigiendo se ponga fin a todas las formas de criminalización y penalización del ejercicio de los derechos de asociación, expresión, reunión y protesta social.

En los últimos años, el entorno para el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y defensores/as de DDHH en América Latina se ha tornado menos favorable, incrementando la vulnerabilidad y la amenaza a la vida, la libertad y la seguridad de hombres y mujeres que llevan a cabo labores vinculadas a la exigibilidad y defensa de derechos tanto a nombre de sí mismos como en beneficio de otros grupos y personas cuyos derechos son violados. Entendemos por “Ambiente Habilitante” a las condiciones básicas que necesita cualquier organización de la sociedad civil para desempeñar su trabajo a partir del ejercicio de tres libertades fundamentales: Libertad de Asociación, Libertad de Reunión pacífica o de protesta, Libertad de Expresión.